COLUMNA | Personas en situación de calle: el desalojo no puede ser una política pública

por Teresa Winter, directora Área Calle - Fundación Cristo Vive

Cuando se destruye un ruco, no se está retirando basura. Se puede estar destruyendo un carnet de identidad, un carnet de salud, medicamentos, ropa de abrigo, una foto familiar, documentos necesarios para hacer un trámite, o simplemente aquello poco que una persona logró conservar después de perder casi todo.

Quienes trabajamos junto a personas en situación de calle sabemos que la convivencia en el espacio público puede generar conflictos reales. Hay vecinos que se preocupan, familias que reclaman, problemas sanitarios, dificultades de seguridad y situaciones que requieren respuesta. Negar eso sería irresponsable. Pero otra cosa muy distinta es aceptar que la respuesta sea llegar, sacar, romper, quemar o botar las pertenencias de una persona, sin diálogo, sin alternativa y sin una medida mínima de acompañamiento.

El desalojo agresivo no resuelve la situación de calle. La desplaza. Mueve a una persona de una esquina a otra, de una plaza a otra, de una comuna a otra. Puede producir una sensación momentánea de orden, pero no ofrece una salida. Peor aún: muchas veces rompe los vínculos de confianza que equipos sociales, organizaciones y programas públicos han construido durante meses o años.

Hay una contradicción profunda en esto. A veces el mismo Estado local que durante el día entrega una frazada, un colchón, comida o plástico para protegerse de la lluvia, durante la noche o al día siguiente aparece con otro equipo a retirar o destruir esos mismos elementos. Para quien vive en la calle, esa contradicción no es administrativa: es vital. Es la diferencia entre poder pasar una noche con algo de abrigo o volver a empezar desde cero.

Por eso preocupa no solo el desalojo, sino también la forma en que se comunica. Cuando una autoridad convierte el desalojo de personas en situación de calle en contenido para matinales o redes sociales, no solo está mostrando una intervención urbana: está instalando una forma de mirar la pobreza. Una mirada que reduce a las personas a obstáculo, amenaza o suciedad, y que confunde desplazar con resolver.

Ese espectáculo es degradante. Lo es para quien aparece expuesto en su momento de mayor fragilidad, pero también para la sociedad que se acostumbra a mirar la exclusión como si fuera una escena de eficiencia. Se celebra el “antes y después” de una plaza despejada, pero rara vez se pregunta qué pasó con las personas que estaban ahí. ¿Dónde durmieron esa noche? ¿Perdieron sus documentos? ¿Se quedaron sin remedios? ¿Había cupos disponibles en una hospedería, residencia o programa especializado? ¿Alguien les explicó lo que iba a ocurrir?

El estigma facilita esa violencia. Se repite que las personas en situación de calle son delincuentes, flojas, sucias o peligrosas. Se habla de ellas como si fueran todas iguales. Y esa generalización permite justificar cualquier trato. Pero la calle no es una identidad criminal. Es una expresión extrema de exclusión, donde se cruzan trayectorias de pobreza, problemas de salud física y mental, consumo problemático, rupturas familiares, migración, egresos institucionales, falta de vivienda y muchas otras formas de abandono.

Según la Propuesta de Política Nacional de Calle impulsada desde la Mesa Calle de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, las cifras oficiales estiman 20.334 personas en situación de calle en Chile, según el Anexo Calle del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a mayo de 2025. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil estiman que la cifra podría ser el doble —40.239 personas— si se consideran quienes son atendidas en programas estatales, y casi el triple —55.723— al sumar también a personas atendidas sin RUT.

No estamos frente a un problema menor ni aislado. Estamos frente a una realidad estructural, dinámica y cada vez más compleja. Por eso no basta con operativos reactivos ni respuestas estacionales. Chile necesita una política pública permanente, coordinada y digna, que permita prevenir que más personas lleguen a vivir en la calle, brindar asistencia y atención a quienes ya están en esa situación, e implementar medidas reales para superarla. Esos son precisamente los tres objetivos que plantea la propuesta de la Mesa Calle.

Una política seria debe hacerse cargo de la convivencia en los barrios, pero también de la dignidad de quienes viven en la calle. No se trata de abandonar a los vecinos ni de negar los conflictos. Se trata de actuar con más inteligencia, más coordinación y más humanidad.

Antes de un desalojo, debería existir mediación. Debería haber conversación con las personas que serán afectadas, coordinación con organizaciones que ya trabajan con ellas, información clara, resguardo de pertenencias importantes y alternativas reales de derivación. Si no hay cupos disponibles, si no existe un lugar adecuado para recibir a esa persona, si no hay continuidad de atención, entonces el operativo no resuelve: solo traslada el problema y profundiza el daño.

La propia propuesta de Política Nacional de Calle plantea la necesidad de evitar estrategias de “limpieza” o “desalojo” que no resuelven los problemas asociados a la situación de calle y que pueden vulnerar profundamente la dignidad y los derechos de las personas. También propone avanzar en buen trato, capacitación de funcionarios, coordinación intersectorial y respuestas residenciales suficientes, incluyendo una red de albergues de escala humana y una cobertura progresiva de camas equivalente al 30% de la población en calle en los próximos cinco años y al 50% en el quinquenio siguiente.

La pregunta de fondo no puede ser solo cómo sacamos a una persona de un lugar. La pregunta debe ser qué hacemos con ella, quién la acoge, dónde puede dormir, cómo recupera sus documentos, cómo accede a salud, cómo reconstruye vínculos, cómo vuelve a confiar en una institucionalidad que muchas veces aparece ante ella más como amenaza que como apoyo.

La dignidad es para todos. También para quienes viven en la calle. Y si de verdad queremos recuperar espacios públicos, tenemos que empezar por recuperar una forma humana de mirarnos. Porque una ciudad no se vuelve más segura ni más limpia cuando esconde a sus personas más excluidas. Se vuelve más justa cuando deja de tratarlas como un problema que hay que retirar y empieza a reconocerlas como personas a quienes debemos acompañar.

—

Referencias:

• Instituto Nacional de Estadísticas. (2025). Censo 2024: personas en situación de calle tienen baja escolaridad, en su mayoría son hombres y su edad promedio llega a los 43 años. INE.

• Mesa Calle, Comunidad de Organizaciones Solidarias. (2025). Propuesta Política Nacional de Calle para Chile.